"La responsabilidad de la aplicación de los fitosanitarios debe ser compartida: deben efectivizarse los controles que corresponden al estado nacional, provincial y comunal, conforme la legislación vigente. Todos los involucrados en el manejo de fitosanitarios, son responsables por su utilización, de acuerdo al área de su injerencia”.
Esta es la conclusión del documento que lleva las firmas del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe, la Cámara de Aplicadores Aéreos y de Aplicadores Terrestres, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, la Cámara de Semilleros Multiplicadores, Agricultores Federados Argentinos, la Federación Agraria Argentina, Mujeres Federadas, y Ciencias Agrarias de Rosario; en reacción a la media sanción en Diputados del Proyecto de modificación de la Ley de Fitosanitarios.
Veamos: Está claro que los controles deben hacerlos los organismos del Estado que a tal efecto han sido creados. Y claro está también que deben ser hechos de acuerdo a la legislación vigente. Pero este no es un Estado corporativo, y las legislaciones son realizadas por los representantes del Pueblo (de todo el Pueblo, no sólo de una parte interesada), con el objetivo primordial (y constitucional) de preservar el bienestar general de la población. Si de resultas de la sanción de una determinada legislación se registran perjuicios económicos para algún sector involucrado, a cambio de prevenir la posibilidad de daños a la salud de los partícipes involuntarios de las acciones por aquellos realizadas, no cabe duda para ningún “bien-pensante”, que debe privilegiarse esa prevención a las necesidades de lucro de un sector.
Eso no significa dejar librados a su suerte a estos productores, sino de promover políticas que hagan posible la paulatina reconversión de sus producciones de manera de permitirles no disminuir sus calidades de vida. Ahora, que esas políticas se hagan realidad será resultado de la movilización que sean capaces de hacer quienes hasta ahora cómodamente sólo piden menos restricciones para las aplicaciones de agroquímicos.Pero además existen dos fallos judiciales en la Provincia que, les guste o no a los sectores interesados, fueron hechos por Jueces constitucionalmente elegidos, y que basaron sus determinaciones en el “principio precautorio”.
Lamentablemente, prevenir o precaver, son verbos que no conjugan los representantes de estas entidades, tapando con la mano un sol que tozudamente se filtra para hacerles notar que la realidad es más compleja que la rentabilidad sectorial.Que no existan suficientes controles es responsabilidad de las Autoridades que deben generarlos, sí. Tampoco hay suficientes agentes de la policía, pero eso no significa que estén permitidos los delitos. Es deber de los Ciudadanos, así como exigen más seguridad, exigir a los organismos responsables que se cumplan con esos controles, pero algo me dice que muchos de quienes tanto se quejan por las modificaciones a esta Ley de Fitosanitarios, la violan permanentemente para seguir obteniendo mayores rentabilidades y, “lógicamente”, no convendrá que esos controles existan.
Claro que de eso no hay pruebas. Porque, a ver: ¿Quien puede controlar en forma permanente a cada uno de los establecimientos agrarios para evitar las transgresiones? Por otra parte, ¿Podemos confiar en el auto-control, cuando existen tantas denuncias de fumigaciones sobre lugares que la actual legislación prohíbe? Si las franjas de seguridad no pueden establecerse por los legisladores sin consultar antes a estos sectores supuestamente afectados, ¿debemos pensar que las que ellos propondrían serían establecidas en base a estudios científicos que ya han realizado? Si existen tales estudios, ¿pueden presentarlos para tranquilizar a los miles de asustados habitantes de los pueblos ante los crecimientos de las afecciones que ellos no pueden demostrar que no existan o que se deriven de la aplicación de los agroquímicos? ¿O sí pueden demostrarlo y aún no lo han expuesto? ¿Es mucho pedir que se verifique primero si esas aplicaciones son dañinas de alguna forma, aún en el mejor de los modos de ejecución de las mismas; y no al revés: seguir haciéndolo hasta tanto se demuestre si lo son?Supongamos que utilizamos esta última opción, ¿se harán cargo civil y penalmente de cada uno de los daños y pérdidas de vidas si luego se demuestra que así ha sido por culpa de la utilización en esos lugares de tales químicos? ¿Quienes se harían cargo? Sospecho que sería una vez más el Estado que actuaría en salvaguarda de los intereses de los eternos desaprensivos a quienes nunca les toca pagar por nada.
Y al decir el Estado, se dará la paradoja que serán los mismos perjudicados que pagarán sus daños (o sus entierros).No falta, como nunca sucede en este tipo de documentos, la mención a la “preocupación” por los “pequeños y medianos productores más débiles”. Si la vida productiva fuera tan fácil como que se deje hacer cualquier cosa a los productores porque son “pequeños”, estaríamos ante una evidente ventaja ante el resto de la Sociedad y un “festejo de la avidez por la renta”. Una cosa es proteger y promover soluciones para el sector de menores recursos productivos, y otra muy distinta es hacer la “vista gorda” ante violaciones de las leyes.Existen alternativas para los productores, y sobre todo para los pequeños. Claro que deben esforzarse en decidirse a cambiar los paradigmas productivos basados en ser sólo prestadores de tierras o repetidores en escala pequeña de los sistemas aplicados por los grandes productores. También en esto deberá ser el Estado quien articule y otorgue los beneficios que lo hagan posible. Es esa la lucha verdadera que debieran encarar los pequeños y medianos productores: dejar de ser “cola de ratón” de los grandes pulpos económicos de los agronegocios, y comenzar a caminar por un nuevo camino, el de la diversidad productiva, el de ser los generadores de la soberanía alimentaria que el Pueblo y la Nación necesitan.
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