En los últimos días la provincia dio a entender que no va a avanzar en los estudios que le ha ordenado la justicia con respecto a la toxicidad de los agroquímicos. El gobierno indica que ya hay estudios suficientes y con los que hay se va a elevar un informe a la justicia. Además el ministro Bertero reclama el control de publicidad de los Municipios y Comunas y volvió a insistir con la delegación que le toca al SENASA de permitir o no el uso en este caso del glifosato. De alguna manera, pasan las responsabilidades de un lado a otro en vez de asumirlas como propias y hacer algo al respecto con un tema tan serio que afecta a la provincia.
Desde nuestro lugar queremos decir que estas declaraciones no nos sorprenden, precisamente porque desde que se apeló el amparo, este amparo que el Juez Martínez da a lugar, pero que el Poder Ejecutivo prefiere mirar para el costado. El juez de segunda instancia claramente revisa esta cuestión, ya que el propio fiscal es el que manifiesta el hecho de que no se tenga en cuenta esta apelación, porque supuestamente para ellos no correspondía. Pero, en ese fallo de segunda instancia minuciosamente el juez indica que en políticas ambientales nadie puede mirar para otro lado.
En este caso, la justicia se involucro y aplicó los principios que eran correspondientes para cuestiones vinculadas a proteger un daño irreparable, también los legisladores, de alguna manera, llevamos un debate dentro de la propia Cámara de Diputados. Pero los que planteamos mayor enfoque a esta problemática, no tuvimos la resonancia que este tema ameritaba. En su momento, necesitamos más acompañamientos de otros diputados, pero no lo tuvimos, ya que muchos tienen intereses propios que provienen precisamente de la sojización y de la aplicación indiscriminada de los agrotóxicos. Esto deja en claro quienes son los que ponen por encima los intereses de la gente a los intereses de los sojeros.
Cabe destacar que el Poder Ejecutivo quiere eludir su responsabilidad, pero nosotros entendemos que no puede desconocer lo que esta sucediendo, tiene que tomar posición y tiene que decir que es lo que esta pasando en la provincia de Santa Fe, porque no son casos excepcionales los afectados sino que estamos hablando de un importante sector de la sociedad, y del cual seguro no existe estudio epidemiológico, porque el propio poder ejecutivo no lo ha determinado. Nosotros presentamos una comunicación al poder ejecutivo solicitándole que haga ese estudio epidemiológico, el cual fue aprobado en el recinto, pero todavía no obtuvimos una respuesta favorable. Sin duda, es preocupante que la provincia deje un mal antecedente jurídico, al no haber acatado una orden de la justicia y que se ridiculice con los vecinos de San Jorge y del resto de la Provincia de Santa Fe, que están ansiosas esperando la determinación de estos estudios. Pero es altamente alarmante, porque estamos hablando de vidas humanas, en una cuestión sensible porque hay afecciones concretas y nada se hace al respecto.
Desde nuestro lugar queremos decir que estas declaraciones no nos sorprenden, precisamente porque desde que se apeló el amparo, este amparo que el Juez Martínez da a lugar, pero que el Poder Ejecutivo prefiere mirar para el costado. El juez de segunda instancia claramente revisa esta cuestión, ya que el propio fiscal es el que manifiesta el hecho de que no se tenga en cuenta esta apelación, porque supuestamente para ellos no correspondía. Pero, en ese fallo de segunda instancia minuciosamente el juez indica que en políticas ambientales nadie puede mirar para otro lado.
En este caso, la justicia se involucro y aplicó los principios que eran correspondientes para cuestiones vinculadas a proteger un daño irreparable, también los legisladores, de alguna manera, llevamos un debate dentro de la propia Cámara de Diputados. Pero los que planteamos mayor enfoque a esta problemática, no tuvimos la resonancia que este tema ameritaba. En su momento, necesitamos más acompañamientos de otros diputados, pero no lo tuvimos, ya que muchos tienen intereses propios que provienen precisamente de la sojización y de la aplicación indiscriminada de los agrotóxicos. Esto deja en claro quienes son los que ponen por encima los intereses de la gente a los intereses de los sojeros.
Cabe destacar que el Poder Ejecutivo quiere eludir su responsabilidad, pero nosotros entendemos que no puede desconocer lo que esta sucediendo, tiene que tomar posición y tiene que decir que es lo que esta pasando en la provincia de Santa Fe, porque no son casos excepcionales los afectados sino que estamos hablando de un importante sector de la sociedad, y del cual seguro no existe estudio epidemiológico, porque el propio poder ejecutivo no lo ha determinado. Nosotros presentamos una comunicación al poder ejecutivo solicitándole que haga ese estudio epidemiológico, el cual fue aprobado en el recinto, pero todavía no obtuvimos una respuesta favorable. Sin duda, es preocupante que la provincia deje un mal antecedente jurídico, al no haber acatado una orden de la justicia y que se ridiculice con los vecinos de San Jorge y del resto de la Provincia de Santa Fe, que están ansiosas esperando la determinación de estos estudios. Pero es altamente alarmante, porque estamos hablando de vidas humanas, en una cuestión sensible porque hay afecciones concretas y nada se hace al respecto.
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