La propiedad de la tierra en nuestro País está enormemente concentrada. Eso es particularmente sencillo de ver en el sector rural, pero su reflejo en lo urbano no le va a la zaga. Esa característica de la estructura de la propiedad del suelo urbano es la base de la falta de soluciones al déficit habitacional de los sectores sociales de menores recursos.
En octubre del año 2008 presentamos un proyecto para restringir el desarrollo de barrios privados que fue olímpicamente rechazado por la mayoría de los legisladores oficialistas.
El problema básico es que las Normas han sido proyectadas y decididas por muy pocos, con el claro objetivo de mantener los privilegios en el uso del suelo con una tremenda concentración en pocas manos, convirtiendo a la ciudad en una “máquina” de exclusión que atrae habitantes y excluye ciudadanos. No existe mejor ejemplo de todo esto que los barrios cerrados, cumbre indudable del proceso de exclusión de estas ciudades segregacionistas.
La política económica y social de los ’90 tuvo (y tiene aún de alguna manera) a la “privatización” como paradigma. Todo debía ser privado y el Estado reducido a una mínima expresión, la que el “mercado” le dejara. Los barrios cerrados son una muestra clara de la privatización de las ciudades, acompañados por centros comerciales con derecho de admisión, escuelas privadas, seguridad privada, servicios privados. Muy lejos de promover la integración social, nacen y se reproducen valores de segregación y control de los “diferentes”. Este fenómeno del espacio residencial amurallado, expresa en su más cruda faceta el debilitamiento de los vínculos sociales y el carácter colectivo de la ciudad. El resultado de esas políticas generó una disminución enorme en la construcción de viviendas de interés social, como así también la aparición de algunos programas de mejoramientos de villas miseria atados a créditos internacionales con demasiadas exigencias que poco han hecho por cambiar la realidad de exclusión que crecía exponencialmente.
Nada es inocuo, y tras el beneficio derivado del aumento en la construcción de viviendas sociales, con conjuntos cada vez más grandes, se produjo una explosión de la demanda del suelo urbano. Junto a esta realidad, derivada sin dudas de una buena intención como es la proveer de soluciones habitacionales a sectores de menores recursos, se produjo el “boom” constructivo (Rosario es un ejemplo dramático de ello). Este aumento exponencial en la construcción de edificios destinados a clases medias y medias altas, junto al desarrollo de esas retrógradas expresiones de un urbanismo claudicante, como son los barrios cerrados, también contribuyó al consumo del espacio urbano, ocupado con estos tipos de emprendimientos que sólo se realizan para el resguardo especulativo de los inversores, básicamente de aquellos rentistas que obtuvieron ganancias inéditas.
Así es que disminuyen en estas grandes ciudades las inversiones en viviendas sociales en relación al total de lo construido, o al menos se estancan, producto del interés de los gobiernos locales por satisfacer las demandas de esos inversores, prefiriendo derivar sus esfuerzos a generar servicios para esos sectores privilegiados y desatendiendo a los menos favorecidos y mucho más a los eternos excluidos.
Hoy vemos con agrado que varias organizaciones lograron instalar en Rosario esta grave problemática sobre el uso de la tierra y abogamos para que el concejo implemente limitaciones. Debemos tratar de promover a la vivienda y el suelo como bienes de uso y no de especulación.
En octubre del año 2008 presentamos un proyecto para restringir el desarrollo de barrios privados que fue olímpicamente rechazado por la mayoría de los legisladores oficialistas.
El problema básico es que las Normas han sido proyectadas y decididas por muy pocos, con el claro objetivo de mantener los privilegios en el uso del suelo con una tremenda concentración en pocas manos, convirtiendo a la ciudad en una “máquina” de exclusión que atrae habitantes y excluye ciudadanos. No existe mejor ejemplo de todo esto que los barrios cerrados, cumbre indudable del proceso de exclusión de estas ciudades segregacionistas.
La política económica y social de los ’90 tuvo (y tiene aún de alguna manera) a la “privatización” como paradigma. Todo debía ser privado y el Estado reducido a una mínima expresión, la que el “mercado” le dejara. Los barrios cerrados son una muestra clara de la privatización de las ciudades, acompañados por centros comerciales con derecho de admisión, escuelas privadas, seguridad privada, servicios privados. Muy lejos de promover la integración social, nacen y se reproducen valores de segregación y control de los “diferentes”. Este fenómeno del espacio residencial amurallado, expresa en su más cruda faceta el debilitamiento de los vínculos sociales y el carácter colectivo de la ciudad. El resultado de esas políticas generó una disminución enorme en la construcción de viviendas de interés social, como así también la aparición de algunos programas de mejoramientos de villas miseria atados a créditos internacionales con demasiadas exigencias que poco han hecho por cambiar la realidad de exclusión que crecía exponencialmente.
Nada es inocuo, y tras el beneficio derivado del aumento en la construcción de viviendas sociales, con conjuntos cada vez más grandes, se produjo una explosión de la demanda del suelo urbano. Junto a esta realidad, derivada sin dudas de una buena intención como es la proveer de soluciones habitacionales a sectores de menores recursos, se produjo el “boom” constructivo (Rosario es un ejemplo dramático de ello). Este aumento exponencial en la construcción de edificios destinados a clases medias y medias altas, junto al desarrollo de esas retrógradas expresiones de un urbanismo claudicante, como son los barrios cerrados, también contribuyó al consumo del espacio urbano, ocupado con estos tipos de emprendimientos que sólo se realizan para el resguardo especulativo de los inversores, básicamente de aquellos rentistas que obtuvieron ganancias inéditas.
Así es que disminuyen en estas grandes ciudades las inversiones en viviendas sociales en relación al total de lo construido, o al menos se estancan, producto del interés de los gobiernos locales por satisfacer las demandas de esos inversores, prefiriendo derivar sus esfuerzos a generar servicios para esos sectores privilegiados y desatendiendo a los menos favorecidos y mucho más a los eternos excluidos.
Hoy vemos con agrado que varias organizaciones lograron instalar en Rosario esta grave problemática sobre el uso de la tierra y abogamos para que el concejo implemente limitaciones. Debemos tratar de promover a la vivienda y el suelo como bienes de uso y no de especulación.
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